martes, 18 de enero de 2011

Denuncian irregularidades en juicio por muertes en hospital psiquiátrico cubano

jcchavez@elnuevoherald.com

El juicio contra los acusados de la muerte por hipotermia de 26 pacientes mentales en el hospital siquiátrico más importante de la isla comenzó el lunes en La Habana, al tiempo que opositores y familiares de los implicados aseguran que los principales responsables no están sentados en el banquillo.

"Es un juicio contra empleados y funcionarios subalternos, que para nada son los principales responsables'', afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Entre la noche del 11 y la mañana del 12 de enero del 2010, murieron de frío 26 pacientes en el Hospital Siquiátrico Cdte. y Dr. Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, conocido popularmente por su antiguo nombre de Hospital Siquiátrico de Mazorra.

La mayoría de las víctimas eran ancianos con avanzados signos de abandono y desnutrición. Testimonios posteriores indicaron que los enfermos eran mal alimentados, recibían poca atención médica y carecían de mantas, abrigos y las mínimas condiciones sanitarias. En algunas habitaciones faltaban las ventanas. En general, las instalaciones del hospital, que alberga a unos 2,000 pacientes, se encuentran en pésimas condiciones desde hace años.

La prensa oficial cubana publicó una escueta nota sin fotografías sobre la tragedia, luego de que el CCDHRN, así como activistas de derechos humanos y blogs independientes dentro de la isla hicieron circular en el exterior la noticia con macabras fotos de los cadáveres descuidados en una morgue.

Activistas de derechos humanos y de la oposición, así como familiares de los acusados, consideran que la comisión especial nombrada por el gobierno para investigar el caso debió citar también a juicio al entonces ministro de Salud Pública, José Ramón Balaguer, actual miembro del Buró Político del Partido Comunista.
También debieron ser citados, según estas fuentes, Juan Contino, presidente de la Asamblea del Poder Popular en Ciudad de La Habana, y Lorenzo Somarriba López, entonces director del hospital y quien ahora encabeza la misión médica cubana en Haití.

La acusada de mayor jerarquía es Susana Borges, ex subdirectora de la sala de Siquiatría. El resto de los 10 acusados son enfermeras y trabajadores administrativos y de servicios.

Sánchez indicó que la tragedia de Mazorra debe ser considerada como un caso de "negligencia criminal'' que hace responsable directo de lo sucedido al gobierno de los hermanos Castro. "La cuerda se está rompiendo por el lado más fino'', agregó.

En las puertas del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, Mercedes Matamoros comentó el lunes que su hijo Darwin Márquez está detenido desde hace un año por desvío de alimentos. La fiscalía pide 12 años de cárcel por ese delito.

"Estoy segura de que es inocente, no ha hecho nada. Simplemente es cocinero, no tenía nada que ver con los enfermos'', manifestó Matamoros. ‘‘Llevaba siete años trabajando en el hospital y nunca había tenido problemas''.

Una breve nota con la información del comienzo del juicio fue publicada el lunes en el diario Granma, sin ofrecer detalles. La nota aseguró que "los principales responsables comparecen ante el tribunal''. Al mediodía, el Noticiero Nacional de Televisión difundió una noticia sobre la primera sesión.

El opositor Guillermo Fariñas declaró que el gobierno es incapaz de enfrentar el costo político por las muertes, cuya cifra podría estar "muy por encima'' de lo declarado. Algunas fuentes opositoras apuntan a 40 o 50 pacientes fallecidos.

"Balaguer debió responder a las denuncias de la oposición interna cubana y es el primero que tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados'', dijo Fariñas. "Esto nos da la medida de la pérdida de valores en la sociedad. Se roba y se trata de corromper a sistemas como la salud y la educación que debieran ser absolutamente humanitarios''.

La vista oral del juicio podría extenderse hasta cuatro días.

"Se facilita que ocurran estas tragedias cuando el gobierno cubano no acepta la cooperación de organismos internacionales como la Cruz Roja'', precisó Sánchez. "Pero aquí hacen lo que les da la gana y no tienen que rendirle cuentas a nadie'', concluyó.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Sobre nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia

Frank Correa


Gran revuelo ha despertado  el  último número de  La Gaceta de Cuba, que regula las nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia y los impuestos a pagar en los ciento setenta y ocho  oficios autorizados, un documentos de cien hojas repleto de frases técnicas y eufemismos.

La fe de erratas, un número de menor circulación que salió quince días después también se ha agotado,  aclara y enmienda deslices en el texto de La Gaceta, enrevesados por el clamor del apremio, en un país con   una revolución y una crisis económica   y sociopolítica expeditas. 

Está   ley que devuelve la privatización a la isla adolece del factor  realidad, distanciada a años luz de los que la firman,  imposible de relacionarla o hacerla compatible con el contexto que regulan, el sector privado que se pretende instaurar a posteriori resulta una expropiación de orígen. Los altos impuestos, el peligro que implica que la revolución cuando se oxigene recupere  ese espacio perdido de la propiedad social,   y por último la filosofía instaurada en los trabajadores cubanos del siglo XXI,  de cargar como hormigas sin producir, serán riscos en el camino.

Adolece también del exceso de trabas burocráticas, indisolubles con el sistema socialista, donde lo fácil debe pasar por una serie de tamices que lo enrarece y lo vuelve difícil. Un hombre ayer en la Oficina Nacional Tributaria (ONAT), se marchó cabizbajo cuando le informaron que debía cumplimentar   una cantidad  absurdas de requisitos para instalar su timbiriche, quería hacer pizzas pero el horno debía estar a una equis distancia del mostrador y tener una equis altura, algo que le  invalidó el proyecto

Sin embargo el vendedor de jabitas, un  oficio  realmente importante en Cuba,     no aparece en la lista de pagar impuestos, toda la ganancia se la embolsilla. En cambio el buzo, o reciclador  de materia prima,   no dice lo mismo, debe abonar el cincuenta por ciento de lo que haga, no importa la  cantidad de metros que deba sumergirse en el latón de basura, de madrugada o a la luz pública.


Más de un millón de trabajadores van al sector disponible, eufemismo utilizado para nombrar a los despidos. Medio millón de ellos no cuenta con la capacidad natural que exige poner un timbiriche, o tocar una puerta para brindar un servicio. Y el otro medio millón que se acostumbró durante cincuenta años a vivir del erario público, buscara nuevas fórmulas, para seguir cargando para sus casas sin producir.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Un nueva votación sobre Cuba

Radio Martí
 
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará la próxima semana sobre un proyecto de ley que intenta facilitar los viajes y el comercio agrícola a Cuba.

Según un comunicado del Comité, la votación se llevará a cabo el miércoles a mediodía.
El anteproyecto, aprobado el 30 de junio en el Comité de Agricultura de la Cámara, pide eliminar las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba y aliviar las transacciones que son necesarias para exportar productos agrícolas a la isla.

Hoy en día, los cubanoamericanos con familia en Cuba pueden viajar a la isla, pero los ciudadanos estadounidenses sólo pueden ir con permisos especiales.

La exportación agrícola a Cuba es un negocio grande. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba, en gran parte por la venta de comida. Pero, hay normas especiales en torno a las transacciones. Por ejemplo, hay que recurrir a bancos en terceros países para realizar las ventas y Cuba tiene que pagar por adelantado.

El legislador demócrata, Howard Berman, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha dicho que la prohibición de viajar jamás ayudó al pueblo cubano y tampoco perjudicó a los Castro de la manera debida, y que ha llegado la hora de cambiar de política.

miércoles, 25 de agosto de 2010

Ministra de justicia nombra representante legal para contestar demanda de abogados independientes

 Por Laritza Diversent / Jurisconsulto de Cuba

La Habana, Cuba - www.cubanet.org -La Ministra de Justicia, María Esther Reus González, emitió el pasado 6 de agosto, la Resolución No. 215, en la que escoge dos letrados del Ministerio de Justicia (MINJUS), el Doctor Diego Fernández Cañizares Abeledo y la licenciada Nelia Caridad Aguado López, especialistas de ese ministerio, para actuar indistintamente hasta su total terminación, en el proceso administrativo interpuesto en su contra, ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, por juristas independientes pertenecientes a la Asociación Jurídica Cubana.

El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, una certificación, que el organismo estatal nunca emitió. Reus Gonzales, designada por el Consejo de Estado en marzo de 2007, está facultada para dirigir el funcionamiento del Registro Nacional de Asociaciones, y para orientar y controlar la política gubernamental en materia de asociaciones y fundaciones.

 El letrado Vallín Almeida, presentó demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por silencio administrativo ante el Recurso de Alzada que presentara contra la Ministra, y del que tampoco tuvo respuesta en el término previsto en la Ley No.54, “Ley de Asociaciones”. El pasado 28 de julio, la titular del MINJUS recibió el emplazamiento del tribunal con el objetivo que nombrara sus representantes legales.

El pasado 10 de agosto, el Doctor Diego Fernando Cañizares Abeledo,  se personó ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a nombre y en representación del Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por la demanda administrativa establecida por el Licenciado Wilfredo Vallín Almeida.

El Abogado, en su escrito, calificó de “desatinada” la reclamación hecha. En su opinión, el demandante, Lic. Vallín Almeida, escogió “un camino equivocado jurídicamente, no sabemos, con qué fines concretos”, argumentó. Según su criterio el presidente de la Asociación Jurídica Cubana debió intentar el reconocimiento de su derecho a través de la Ley de Asociaciones y sin que el Ministerio de Justicia tuviera obligatoriamente que indicarle algo por escrito.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) establece que cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o en su defecto del de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado, al efecto de establecer frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso.

Cañizares Abeledo,  alegó la imposibilidad de entregar al tribunal el Expediente Gubernativo del demandante y la decisión administrativa de la titular de Justicia respecto al interés atendible del demandante, Lic. Vallín Almeida, debido a que el organismo no contaba con documentos sobre el asunto.

lunes, 23 de agosto de 2010

Qué sabe de Omar Rivera la Policía de Alicante

por Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana.  Desde hace más de dos años, Lilia Castañer Hernández espera alguna respuesta del Departamento de la Policía y la Guardia Civil de Alicante, España, sobre la desaparición de su hijo, Omar Rivera Castañer, quien emigró a España en el año 2003.

El 19 de febrero de 2008, el cubano José Luis González Soñora se personó ante el Departamento de Policía de Alicante para formular denuncia por la “desaparición” de Omar Rivera Castañer. Pero este estaba reportado como desaparecido desde enero de 2005.

Lilia Castañer sospecha que su hijo fue asesinado por González Soñora con la complicidad o co-autoría del español Juan Ángel Sirvent Seguí. Sus aprensiones sobre la culpabilidad de ambos se basan en informaciones que asegura tener en su poder de personas relacionadas con su hijo. Pero además, en las contradicciones e incoherencias en que incurrieron José Luis y Juan Ángel cuando se comunicaron con ella por teléfono y correo electrónico para explicarle “que no sabían nada de Omar”

lunes, 16 de agosto de 2010

Arrestan al Lic. Ernesto Vera por reclamar justicia

Por: Evelyn Ramos Lahera
Periodista Independiente
evelynramosl@yahoo.com

Santiago de Cuba, (14 de agosto) -(www.aplopress.com) En el día de ayer, alrededor de las  4:45 de la tarde, el Lic. Ernesto Vera Rodríguez fue arrestado arbitrariamente en las propias puertas de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, donde había sido citado para supuestamente dar respuesta a las denuncias que había realizado contra varios funcionarios de la Facultad de Medicina No. I en esta ciudad.

Según narra el Lic. Vera Rodríguez,  fue atendido por la Fiscal, nombrada Odalys,  que sólo se dedicó a  insultarlo. “Me dijo que no podía hablar de política allí, que las denuncias que yo hice 8 meses antes no procedían y que dichos funcionarios, incluyendo la Decana, la Dra. Cecilia Melián Savignón no habían incurrido en delito alguno, ni existían tales irregularidades” argumentó el Lic. Vera.

La Fiscal Odalys lo amenazó con tomar represalias por sus denuncias, y que sería procesado y acusado, por lo que el Lic. Vera al salir del recinto, se paró frente a la Fiscalía y mostró  un CARTEL que decía: ¡JUSTICIA!

Inmediatamente fue rodeado por  fiscales y trabajadores de la Fiscalía, que lo insultaban y trataban de  obligarlo a entrar de nuevo al edificio de la Fiscalía,  porque el pueblo estaba reaccionando positivamente a su favor y apoyando su acción. La Fiscalía se encuentra ubicada en la calle Santo Tomás entre Heredia y San Basilio, a un costado de la Catedral y muy cerca del Parque Céspedes, por lo que muchos turistas comenzaron a tirar fotos con sus celulares.

En unos minuto se personó la  Policía Política, que lo metió a la fuerza a un carro de la Seguridad del Estado, mientras el Lic. Vera gritaba a todo pulmón: ¡VIVAN LOS DERECHOS HUMANOS!

Cuenta el Lic. Vera que luego de ser interrogado por más de una hora por un Tte. Coronel de la Seguridad del Estado fue puesto en libertad,  sin antes utilizar sus mecanismos psicológicos del policía bueno, destacando su  supuesto trato respetuoso y  amablemente, pero sin actuar en consecuencia contra los causantes  de todo un ultraje y humillación pública.

El  Lic. Ernesto Vera Rodríguez es el Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva en Santiago de Cuba. Sito en: José Antonio Saco # 1255 entre 6 y 7 Reparto Santa Bárbara, Santiago de Cuba, Código Postal 90300, Cuba.

Los contactos con el Lic. Ernesto Vera Rodríguez, se pueden establecer mediante su correo electrónico: democraciaproactiva@yahoo.com o vía telefónica: 53 22  646 333

miércoles, 11 de agosto de 2010

Ministra pone a ciudadano en estado de indefensión

Ministra de Finanzas y Precios  La miembro del Consejo de Ministros, amparada en el Decreto Ley 149  “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, conocida como ley contra macetas (nuevos ricos) y su reglamento, el Decreto No 187, ambos de 1994, ordenó, en julio de 2009, la confiscación de los bienes obtenidos por Teófilo Roberto,  progenitor de Antonio, en el período de 1998 al 2008.

La ministra alegó que los bienes incautados “no son frutos del trabajo honesto”, sin embargo, el Código Civil cubano define el enriquecimiento indebido como el traspaso de valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima.

El proceso afectó también a Pompilio López Licor, 61 años y Teófila Elsa Ávila Gutiérrez, 60 años, hermano y esposa de Teófilo, quienes junto a su hijo Antonio, fueron  declarados por la resolución ministerial, como terceros que se beneficiaron con el enriquecimiento indebido.

Los procesados recurrieron la resolución ministerial mediante Recurso de Reforma ante la propia minisra, quien lo declaró sin lugar, ratificando su decisión, en octubre de 2009.  El pasado 22 de junio nuevamente  solicitaron a la titular de Finanzas y Precios, el inicio de un procedimiento especial de revisión.