La Habana, Cuba - www.cubanet.org -La Ministra de Justicia, María Esther Reus González, emitió el pasado 6 de agosto, la Resolución No. 215, en la que escoge dos letrados del Ministerio de Justicia (MINJUS), el Doctor Diego Fernández Cañizares Abeledo y la licenciada Nelia Caridad Aguado López, especialistas de ese ministerio, para actuar indistintamente hasta su total terminación, en el proceso administrativo interpuesto en su contra, ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, por juristas independientes pertenecientes a la Asociación Jurídica Cubana.
El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, una certificación, que el organismo estatal nunca emitió. Reus Gonzales, designada por el Consejo de Estado en marzo de 2007, está facultada para dirigir el funcionamiento del Registro Nacional de Asociaciones, y para orientar y controlar la política gubernamental en materia de asociaciones y fundaciones.
El letrado Vallín Almeida, presentó demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por silencio administrativo ante el Recurso de Alzada que presentara contra la Ministra, y del que tampoco tuvo respuesta en el término previsto en la Ley No.54, “Ley de Asociaciones”. El pasado 28 de julio, la titular del MINJUS recibió el emplazamiento del tribunal con el objetivo que nombrara sus representantes legales.
El pasado 10 de agosto, el Doctor Diego Fernando Cañizares Abeledo, se personó ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a nombre y en representación del Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por la demanda administrativa establecida por el Licenciado Wilfredo Vallín Almeida.
El Abogado, en su escrito, calificó de “desatinada” la reclamación hecha. En su opinión, el demandante, Lic. Vallín Almeida, escogió “un camino equivocado jurídicamente, no sabemos, con qué fines concretos”, argumentó. Según su criterio el presidente de la Asociación Jurídica Cubana debió intentar el reconocimiento de su derecho a través de la Ley de Asociaciones y sin que el Ministerio de Justicia tuviera obligatoriamente que indicarle algo por escrito.
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) establece que cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o en su defecto del de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado, al efecto de establecer frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso.
Cañizares Abeledo, alegó la imposibilidad de entregar al tribunal el Expediente Gubernativo del demandante y la decisión administrativa de la titular de Justicia respecto al interés atendible del demandante, Lic. Vallín Almeida, debido a que el organismo no contaba con documentos sobre el asunto.
El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, una certificación, que el organismo estatal nunca emitió. Reus Gonzales, designada por el Consejo de Estado en marzo de 2007, está facultada para dirigir el funcionamiento del Registro Nacional de Asociaciones, y para orientar y controlar la política gubernamental en materia de asociaciones y fundaciones.
El letrado Vallín Almeida, presentó demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por silencio administrativo ante el Recurso de Alzada que presentara contra la Ministra, y del que tampoco tuvo respuesta en el término previsto en la Ley No.54, “Ley de Asociaciones”. El pasado 28 de julio, la titular del MINJUS recibió el emplazamiento del tribunal con el objetivo que nombrara sus representantes legales.
El pasado 10 de agosto, el Doctor Diego Fernando Cañizares Abeledo, se personó ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a nombre y en representación del Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por la demanda administrativa establecida por el Licenciado Wilfredo Vallín Almeida.
El Abogado, en su escrito, calificó de “desatinada” la reclamación hecha. En su opinión, el demandante, Lic. Vallín Almeida, escogió “un camino equivocado jurídicamente, no sabemos, con qué fines concretos”, argumentó. Según su criterio el presidente de la Asociación Jurídica Cubana debió intentar el reconocimiento de su derecho a través de la Ley de Asociaciones y sin que el Ministerio de Justicia tuviera obligatoriamente que indicarle algo por escrito.
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) establece que cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o en su defecto del de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado, al efecto de establecer frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso.
Cañizares Abeledo, alegó la imposibilidad de entregar al tribunal el Expediente Gubernativo del demandante y la decisión administrativa de la titular de Justicia respecto al interés atendible del demandante, Lic. Vallín Almeida, debido a que el organismo no contaba con documentos sobre el asunto.
